Durante décadas, la cooperación internacional fue considerada una herramienta relativamente estable para apoyar el desarrollo de los países con mayores desafíos económicos y sociales. A través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), los países industrializados financiaron programas y proyectos orientados a fortalecer instituciones, reducir desigualdades, ampliar el acceso a servicios básicos y promover mejores condiciones de vida para millones de personas.
Aunque este modelo nunca estuvo exento de cuestionamientos, durante muchos años funcionó bajo una lógica relativamente clara: la transferencia de recursos, conocimientos y capacidades mediante acuerdos entre gobiernos, organismos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones de la sociedad civil.
Lo que observamos no es simplemente una disminución de recursos ni una situación temporal asociada a dificultades económicas de algunos países donantes, estamos frente a una transformación más profunda del sistema internacional de cooperación. Comprender lo que ocurre exige mirar más allá de los efectos inmediatos y analizar los cambios estructurales que están redefiniendo las relaciones entre los Estados, los organismos multilaterales y los diferentes actores del desarrollo, entendiendo que pasamos de un orden cooperativo a un sistema más fragmentado.
Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a configurarse el sistema de cooperación internacional que conocemos hoy, impulsada en gran medida por las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales surgidas en la posguerra; la cooperación fue ganando espacio como una herramienta para promover el desarrollo económico, reducir las brechas entre países y contribuir a la estabilidad internacional.
Décadas más tarde, con el fin de la Guerra Fría, esta visión adquirió un nuevo impulso. La agenda internacional amplió su alcance e incorporó temas como la lucha contra la pobreza, los derechos humanos, la gobernanza democrática, la igualdad de género, la protección ambiental y el desarrollo sostenible. En ese contexto tomó fuerza el concepto del Derecho al Desarrollo, basado en la idea de que todas las personas y todos los pueblos deben tener la oportunidad de participar y beneficiarse del progreso económico, social, cultural y político. Se consolidó entonces, una visión que marcaría buena parte de las políticas internacionales durante las décadas siguientes: promover el desarrollo no solo contribuía a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, sino que también favorecía la estabilidad, la paz y la seguridad global.
A comienzos del siglo XXI, las discusiones en las cumbres mundiales sobre financiación para el desarrollo impulsaron nuevas formas de entender la cooperación; la Conferencia de Monterrey, celebrada en 2002, puso sobre la mesa temas como la movilización de recursos internos, el comercio internacional, la sostenibilidad de la deuda y el fortalecimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo. En aquel momento, los países donantes conservaban una fuerte capacidad de influencia sobre las condiciones de acceso a los recursos. Sin embargo, las discusiones posteriores comenzaron a promover una visión más equilibrada de las relaciones de cooperación.
Las conferencias de Doha y Addis Abeba avanzaron hacia esquemas más flexibles y participativos y poco a poco, el énfasis se desplazó desde la imposición de condiciones hacia principios como la apropiación nacional, la transparencia, la rendición de cuentas de ambos lados y la alineación con las prioridades definidas por los propios países receptores.
Paralelamente, las discusiones sobre la eficacia de la ayuda desarrolladas en París, Accra y Busan impulsaron una visión más horizontal de la cooperación internacional. La idea central era sencilla: los procesos de desarrollo producen mejores resultados cuando las soluciones se construyen conjuntamente y responden a las realidades de cada país.
Durante varios años, estos principios sirvieron de base para la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y posteriormente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas en 2015, como una hoja de ruta global para enfrentar los principales desafíos del desarrollo humano: la Agenda 2030.
Durante décadas, Estados Unidos fue el principal donante individual de Ayuda Oficial al Desarrollo. Una parte significativa de estos recursos se canalizó a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), financiando programas relacionados con salud pública, seguridad alimentaria, fortalecimiento institucional, gobernanza democrática, desarrollo rural y crecimiento económico en numerosos países.
Sin embargo, desde 2025 la política exterior estadounidense ha experimentado cambios importantes. La reducción de algunos programas de ayuda bilateral y la reorganización de parte de la estructura operativa de USAID reflejan una orientación más vinculada a prioridades estratégicas nacionales y ello conlleva implicaciones que van mucho más allá de la disminución de recursos.
Por una parte, se debilita uno de los pilares que históricamente sostuvo buena parte del sistema internacional de cooperación. Por otra, se fortalece una lógica en la que la ayuda se vincula de manera más directa a intereses geopolíticos, comerciales y de seguridad. Es decir, regresa el concepto de la condicionalidad de la ayuda; no es que la cooperación desaparezca, pero sí cambia de naturaleza.
Los recursos tienden a concentrarse en regiones, sectores o alianzas consideradas prioritarias para los intereses de los países donantes. Esto modifica las dinámicas de negociación y transforma la relación tradicional entre quienes financian y quienes reciben apoyo. En otras palabras, la cooperación internacional comienza a parecerse cada vez más a un instrumento de política exterior y menos a un mecanismo orientado exclusivamente por objetivos de desarrollo.
A esta transformación se suma otro fenómeno de gran alcance: el surgimiento de un mundo cada vez más multipolar; el poder económico y político ya no se concentra exclusivamente en un pequeño grupo de países industrializados. Nuevos actores han ganado protagonismo en la financiación del desarrollo, entre ellos economías emergentes, bancos regionales de desarrollo, fondos especializados, fundaciones filantrópicas, empresas de impacto social y mecanismos financieros innovadores, dando como resultado un ecosistema más diverso y con mayores posibilidades de financiación, pero también más complejo y fragmentado.
Los países priorizan cada vez más sus intereses estratégicos; los recursos se redistribuyen; las condiciones de acceso cambian; las prioridades evolucionan con mayor rapidez. La cooperación deja de operar bajo una lógica relativamente universal para orientarse hacia esquemas más selectivos, donde la competencia por recursos y atención internacional es cada vez mayor.
En este contexto, los países de renta media como Colombia encaran una situación particularmente desafiante. Aunque continúan problemas estructurales relacionados con la desigualdad, el desarrollo territorial, la construcción de paz, la migración y la sostenibilidad ambiental, entre otros, muchos mecanismos tradicionales de ayuda ya no los consideran prioritarios y naturalmente esta situación genera una tensión creciente entre las necesidades existentes y la disponibilidad de recursos para atenderlas, lo cual obliga a gobiernos, organizaciones sociales, universidades y demás actores del desarrollo a fortalecer sus capacidades de gestión, diversificar sus fuentes de financiación y construir nuevas formas de cooperación y articulación.
Ahora bien, es claro que la cooperación internacional seguirá existiendo; lo que está cambiando son las reglas bajo las cuales opera y es precisamente allí donde surge una de las preguntas más relevantes para los próximos años: ¿cómo pueden adaptarse los países y las organizaciones sociales a un entorno internacional más competitivo, más exigente y con recursos cada vez más focalizados? Esa discusión ya no pertenece al futuro. Es un desafío que se está viviendo hoy en Colombia y en buena parte del mundo.
