Las naciones del mundo llegan a la década de los 90 marcadas por la tragedia de la pobreza. Más de 1.000 millones de personas vivían como un insulto a la dignidad del género humano… 900 millones sin saber leer ni escribir y 14 millones de niños y niñas muriendo antes de cumplir cinco años. La distribución desigual de la riqueza, la deuda externa, la compra de armas y la corrupción se constituían en los principales lastres para el progreso de los países en vía de desarrollo.
La crisis de la pobreza que afrontaba el mundo entero –ya desde décadas anteriores-, llevó a las Naciones Unidas a instar a los países industrializados para que aumentaran sus aportes de Cooperación al Desarrollo, fijando una meta del 0,7% de su PIB para ser alcanzada en los 90′ y hacer su transferencia a través de convenios bilaterales o multilaterales de desarrollo. En el mismo, los ciudadanos de estos países se animaron a movilizar importantes contribuciones altruistas para apoyar proyectos de sentido de las comunidades más vulnerables del mundo, a través de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación Internacional.
En Colombia no fuimos ajenos al flagelo mundial señalado. Para la década de los 90′, de 33 millones de habitantes que tenía el país, cerca de 16 vivían por debajo de la línea de pobreza trazada por Naciones Unidas y de estos, 6 millones en condiciones de pobreza absoluta, es decir, que aun cuando destinaran la totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos, no lograrían satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas.
A estas dramáticas cifras se ligaban: el nefasto problema del tráfico de drogas y el narcoterrorismo asociado, el recrudecimiento de la acción guerrillera, el paramilitarismo, la delincuencia común, el secuestro, la violación de los derechos humanos y la corrupción, que abocan al gobierno en un sinnúmero de frentes de lucha y que consumieron la mayoría de los recursos, desplazando en consecuencia las prioridades del desarrollo social.
Por lo anterior, era de esperarse que la Cooperación Internacional llegara a Colombia, particularmente con la finalidad de apoyar los grandes esfuerzos de la sociedad civil, que a través de diversas formas de organizaciones comunitarias como simples asociaciones de campesinos o vecinos de barrio, pasando por juntas de acción comunal, empresas solidarias, pre cooperativas y cooperativas, hasta fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, han debido ingeniarse soluciones de autogestión a los más apremiantes problemas, y trataron de cubrir las áreas donde el Estado era deficitario o, sencillamente, no llegaba y que demandaban con urgencia recursos técnicos y económicos para ampliar su cobertura y hacer más eficiente su mano de obra.
